Archivo del Autor: Javier Badía

En el razonamiento jurídico no caben expresiones ofensivas o irrespetuosas

Algunos excesos verbales de los jueces pueden resultar sancionables (ilustración Bayuela).

En los titulares de prensa de la semana pasada el juez Santiago Pedraz ha sido la estrella. Por lo que ha dicho y por cómo lo ha dicho. Lo que ha dicho ha sido en un auto en el que exoneraba de delitos contra las instituciones a los organizadores de la manifestación del 25-S. En cuanto al cómo lo ha dicho, lo más subrayado de ese auto ha sido la frase:

…no cabe prohibir […] la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno administrativo de los jueces, tendrá que valorar si el juez incurrió en alguna falta disciplinaria por dirigir descalificaciones a otras autoridades y por incluir en las resoluciones expresiones improcedentes. Por en medio, una denuncia del sindicato Manos Limpias fundamentada en la Ley orgánica del Poder Judicial. La ley considera “faltas graves”:

● Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición. (Art. 418.3).

● La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso. (Art. 418.6).

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lo de la “decadencia” de la clase política es un “exceso literario”, además de algo “innecesario y superfluo”.

¿Ha habido algún exceso en los términos empleados por el juez en su auto? Eso se verá, porque la denuncia del sindicato obligará a que se pronuncie el Servicio de Inspección del CGPJ.

Excesos literarios o faltas graves de algunos jueces a través de la redacción de sus sentencias y resoluciones están de actualidad. En los mismos días se publicaba la confirmación de unas multas impuestas al titular del único Juzgado Contencioso de Lérida, José María Aristóteles Magán Perales. Tendrá que pagar seis mil euros, según ha confirmado ahora el Tribunal Supremo. Magán Perales fue acusado por el CGPJ de tres faltas graves por la forma de expresarse (de nuevo, la Ley orgánica del Poder Judicial) en algunas de sus sentencias en las que quitaba la razón a la Administración autonómica por contestar en catalán a los ciudadanos que se dirigen a esta en castellano. A los dos apartados anteriores, se añade el siguiente, también como falta grave:

El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial. (Art. 418.5).

El juez no se corta un pelo en sus consideraciones.

Como dice Sevach en su estupendo blog “en ocasiones afloran las emociones, sensaciones y disquisiciones del juez “destogado”, como persona, y se manifiesta en excesos verbales insertos en la sentencia”. Y es que con desahogos personales la Justicia pierde su necesario equilibrio.

Artificiosidad de cierto lenguaje no sexista en los desdoblamientos sistemáticos

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Una universidad privada busca «nuevo rector» o «nueva rectora» (ilustración: Bayuela).

Lo políticamente correcto nos persigue. No digamos si hablamos de lenguaje no sexista. En ese caso, y en su plasmación en el lenguaje administrativo (lenguaje escrito siempre), aparecen perlas que nada corrigen (discriminación por razón de sexo), pero suman disparates lingüísticos. Tengo ante mí el anuncio de una universidad privada que busca “nuevo rector o nueva rectora” −el plazo para presentar candidaturas (!) terminaba el 30 de septiembre−. En el cuarto párrafo dice que “el nuevo rector o rectora tiene que ser un catedrático”. ¿Por qué no “catedrático o catedrática”? ¿Es un despiste de los redactores? ¿No han repasado el texto?, ¿o les ha parecido excesivo?

Me ha venido a la memoria el ya famoso (por lo muy difundido) artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Ministros o Ministras; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.

Este es el ejemplo que cita el académico Ignacio Bosque en su documento “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer” y que toma a su vez de Ignacio M. Roca, “Todas las vascas son vascos, y muchos vascos también vascas. Género y sexo en el castellano”, en el Boletín de la Real Academia Española (tomo 89, 2009, pág. 78). El mismo ejemplo que trae a colación Alberto Gómez Font, en su artículo “Abogacía y corrección idiomática”, en la Revista de Llengua i Dret (núm. 51, 2009, pág. 187-200), y que califica de “vértigo del desdoblamiento a ultranza”.

Yo propongo otro ejemplo más cercano. Este, en la Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. En la exposición de motivos se puede leer:

El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi está formado por el presidente o la presidenta, el vicepresidente o la vicepresidenta, representantes de los y las titulares de explotaciones de producción […]. Por su parte el director o la directora del consejo desempeñará las funciones de secretario o secretaria.

En el artículo 1.2. dice:

A la regulación y régimen de control indicado en el apartado anterior deberán someterse los operadores y las operadoras que produzcan, elaboren, almacenen, comercialicen o importen algún producto de los citados…

El legislador riza el rizo de lo imposible en el artículo 2, Registro de operadores y operadoras:

1. Los y las operadoras [sic] que produzcan, elaboren y almacenen…

Yo pensaba comentar lo que aquí traigo. Pero nadie mejor que el propio Ignacio Bosque en su documento citado cuando se refiere a los desdoblamientos:

Se trata, al parecer, de lograr que el lenguaje oficial se diferencie aún más del real. A los tan denostados eufemismos de los políticos y los economistas, que enmascaran o edulcoran, como sabemos, tantos aspectos de la realidad, parece que ha de agregarse ahora un nuevo código artificial, ajeno al lenguaje común, constituido por nuevos circunloquios, restringidos −como antes− al mundo oficial. A la vez, se acepta paradójicamente su propia artificiosidad al reconocer implícitamente que no tienen aplicación en la lengua de todos los días.

O sea, que en nuestro lenguaje coloquial, del día a día, nos comunicamos, y en el formal, que es el escrito, y en el que se relaciona la Administración con los ciudadanos, nos incomunicamos.

¿Quién cuando dice “mañana cenamos con unos amigos” o “esta tarde fui a recoger a los niños” piensa que está excluyendo a las amigas o a las niñas?

A los redactores del anuncio hay que agradecerles, en todo caso, que no hayan titulado “Selección del nuevo/-a rector/-a”. Algo es algo.

Segundo, y feliz, cumpleaños

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Número de visitas por meses desde septiembre de 2010 a septiembre de 2012.

El 23 de septiembre de 2010 (dos años ya, el pasado domingo) publicaba mi primer post en esta bitácora, que defiende el lenguaje claro, con un clásico de la Administración: Adjunto remito. Desde entonces y hasta hoy han sido 58 las entradas publicadas y 58 000 visitas, si atiendo a lo que dicen las estadísticas de WordPres:

2010, tres meses: 1692
2011, doce meses: 17 859
2012, nueve meses: 38 446

El pico mayor fue en mayo de este año, con 5534.

Por países, y solo para los últimos noventa días, los diez desde los que se registraron más visitas son

Guatemala: 196
Estados Unidos: 235
Ecuador: 238
Venezuela: 275
Chile: 328
Argentina: 621
Colombia: 822
Perú: 1237
México: 2078
España: 5422

Hay visitas desde todos los países de Europa (destacan Italia, Alemania y Portugal), de todo el continente americano, de Australia, de algunos países de África (Marruecos, Egipto, Túnez y Angola) y de Asia (India y Japón).

En los últimos doce meses las entradas que han recibido más de un millar de visitas han sido Las cantidades se escriben sin puntos y con espacios (1213), Recomendaciones bibliográficas (1408), ¿La gerente?, o ¿la gerenta? (1837), Sobre el lenguaje administrativo (2165) y la página principal (23 653).

A veces, muchas veces, las visitas al blog no se producen mediante un motor de búsqueda (Google, Yahoo, etcétera), sino a través de otras webs. Tener amigos que te enlazan o te recomiendan, siempre es una suerte. En estos últimos doce meses se han hecho notar especialmente la Cámara de Madrid, El blog de Derecho Público de Sevach y el diario digital Hechos de Hoy. En los tres casos han sido cientos las visitas a Lenguaje administrativo que han llegado a través de esas puertas de entrada.

Seguimos.

Descuido, ligereza y algo más en el Boletín Oficial del Estado

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A nuestros legisladores no parece preocuparles que las leyes se entiendan. Un lenguaje nada claro que padecemos los ciudadanos. (Ilustración: Bayuela).

Da igual por dónde abramos el Boletín Oficial del Estado (BOE), o cualquier otro boletín oficial, porque la cagarruta no tardará en aparecer. Desde ese punto de vista, lo que yo hago aquí no tiene mayor mérito: abro el BOE y me encuentro la cagarruta. Así resulta que las leyes más polémicas, y por tanto se supone que más debatidas en el Parlamento, pasan por numerosas manos y ante otros tantos ojos con la idea, se supone, de mejorar su texto. La práctica demuestra que las señoras y señores diputados no tienen mayor interés por regla general en que se entienda lo que dicen las leyes y mucho menos interés en un buen uso del español, del lenguaje escrito. Y es que ya se sabe que las leyes obligan a todos, tanto si las entendemos como si no. Ahí hemos avanzado poco.

Por ejemplo: Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En realidad, vigente desde cinco meses antes: RD de 10 de febrero. Y antes de su publicación el 11 de febrero y durante los meses que siguieron, ampliamente debatida por Gobierno, sindicatos, partidos políticos, Parlamento, medios de comunicación, etcétera. Son 79 páginas del BOE, pero yo me voy a fijar en un párrafo. Curioso que soy.

Artículo 12. Modificación sustancial de condiciones de trabajo. Nueva redacción del artículo 41 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD 1/1995, de 24 de marzo. Queda así:

Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
[En el cuarto párrafo del apartado 4]

En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos [trabajadores], éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma [empresa].

Formas anafóricas

“representación legal de los mismos” (el lector tiene que adivinar que se refiere a los “trabajadores”, palabra que aparece por última vez en el texto legislativo ¡tres párrafos más arriba!)

“convenio colectivo de aplicación a la misma”.

Rima interna

“su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión…”

Repetición

“según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector…”. Además, la palabra “representación” aparece otras dos veces en el párrafo.

Observa que son ¡noventa y cinco palabras sin un punto y seguido! De sujeto, verbo y predicado, nada. Un encadenamiento de frases subordinadas. Un atentado a la claridad. Su lectura requiere un auténtico esfuerzo de comprensión.

Por otra parte, y sin apartarnos mucho del texto citado, nos encontramos con un mismo enunciado escrito de tres formas diferentes:

“Modificación sustancial de [las] condiciones de trabajo”.
“Modificaciones sustanciales de [las] condiciones de trabajo”.
“Modificaciones sustanciales de las [aquí sí aparece el artículo] condiciones de trabajo”.

¿Alguna razón objetiva para estos cambios? No lo parece. En el enunciado original (artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) se lee: “Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo”.

El parrafito en cuestión es exactamente el mismo que aparece en la modificación al Estatuto de los Trabajadores, que recoge la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. En el RD 3/2012, de 10 de febrero, se mantiene, con la particularidad de que en “representativos y representativos del sector” se suprime “y representativos”. Después, alguien corrige al corrector para recuperar otra vez “y representativos” en la ley. ¿Alguien lo entiende?

Adenda
En el primer párrafo de la Ley 3/2012 dice:

La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas.

En el primer párrafo de la Ley 35/2010 dice:

La crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarrollado desde principios de 2008 ha quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo que vivió la economía española desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo.

En el primer párrafo (2012) cabe entender que la culpa es de España. En el párrafo que sigue (2010) cabe entender que la culpa es de origen internacional. ¡En qué cosas andan nuestros legisladores!

Electrificación no es electrocución

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Va de avisos. Por lo de recuperar algunas cosas vistas en este pasado mes de agosto. Y que es bueno, pienso yo, no pasar por alto. Una auténtica joyita este aviso de Adif, con el indicativo del Ministerio de Fomento, publicado en el diario La Vanguardia. Cuatro párrafos sin desperdicio. Merece la pena destriparlo. Eso sí. Atención. Porque el anuncio es real. Por muy surrealista que parezca, ¡es auténtico!

Algunos redactores anónimos de la Administración perpetran disparates lingüísticos.

Título:

Electrificación

Sí. Este es el título. Lo puedes contrastar con la reproducción, aquí mismo.

Primer párrafo:

Puesta en tensión a 3.300 v. de los feeders de la nueva S/E eléctrica de Gualba.

¿Quién pone en tensión? ¿Qué son los feeders? ¿Qué significa S/E? ¿Dónde está Gualba?

Segundo párrafo:

A partir de las cero horas y un minuto del día 1 de agosto de 2012, deberán considerarse en tensión los conductores que conforman los nuevos feeders de alimentación a catenaria en la nueva subestación eléctrica de la estación de Gualba. Los nuevos conductores discurren por los postes de catenaria de las vías 1 y 2, entre los kilómetros 161+888 y 162+682.

En “deberán considerarse en tensión los conductores”, ¿es un aviso a los conductores? Y si no, ¿quién debe considerar en tensión? ¿A quién va dirigido el aviso? ¿Quiénes son los conductores? Sabemos, sí, que “conforman los nuevos feeders”, pero claro, volvemos al párrafo anterior. No sabemos qué son los feeders. “Alimentación a catenaria”; aquí sí: ¡falta el artículo! No averiguamos más de Gualba, aunque sí se nos explica que los “conductores discurren por los postes de catenaria” etcétera. Lo de “discurren” debe ser una concesión retórica. ¡Vamos! Que el redactor se sentía inspirado.

Tercer párrafo:

Cualquier contacto de las personas con los citados conductores, tanto directamente como mediante hierros, alambres u otras piezas metálicas, puede provocar la muerte por electrocución.

No sabemos todavía a qué se refiere con “los conductores” (ahora sí se ve que no son personas), pero sí que las personas que los toquen directa o indirectamente (tiene su gracia ese intento de precisión: “hierros, alambres u otras piezas metálicas”) pueden morir “por electrocución”. ¡Este es el mensaje! En el tercer párrafo.

Cuarto (y último) párrafo:

Lo que se advierte a todo el personal implicado en las obras de ejecución y al público en general.

Ya me imagino a “todo el personal implicado en las obras” leyendo ávidamente el aviso publicado en el periódico; eso sí, antes de ponerse al tajo. Luego, puede ser tarde. En cuanto a lo de “al público en general”, se ve que el redactor o redactora del anuncio tenía un día gracioso.

Sugerencia: Indicar al pie del anuncio o del aviso cuánto se ha gastado el correspondiente organismo público en su publicación.

N.B.: El símbolo de “voltios” (que no abreviatura) es “V” (mayúscula y sin punto).

P.D.: Me niego, por hoy, a entrar en más detalles. O sea, a explicar nada. Lo siento.

________

• Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

• R.D. 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado. En la exposición de motivos, II.1.

La directora de la oficina del secretario de la junta… ejem

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Que es lo que tiene el verano, con sus calores, y esta cosa tan pesada de las vacaciones, que cuesta ponerse al trabajo (sin ponerse trascendente, por favor). Entonces, antes de lanzarse a la vorágine de lo que pide el día a día, pues no viene mal un repasito a los recortes de prensa del mes de agosto. Y voy y me encuentro en la carpeta unos anuncios (31 de julio) del Ayuntamiento de Madrid.

En la antefirma. Algunos cargos administrativos son tan largos que casi no caben.

La vista se me va a la antefirma, es decir, al enunciado del cargo, puesto que está toda en mayúsculas:

LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID

Medio minuto de silencio…

Largo, ¿eh? Directora-de-la-oficina-del-secretario-de-la-Junta-de-Gobierno-de-la-ciudad-de-Madrid. Me acuerdo de un tuit que leí hace unos días, desde el que se enlazaba al organigrama del Ayuntamiento de Madrid (¿o de la Ciudad de Madrid?). Lo busco y, efectivamente, ahí está: la Oficina del secretario de la Junta de Gobierno, con nivel de Dirección General. De esta cuelga a su vez una Subdirección General. Cuento (y así te ahorro el tener que hacerlo tú) ¡cuarenta y nueve direcciones generales! Como dice mi colega tuitera, ¡tela!

Aparte, se me ocurren algunas reflexiones.

Sobre el lenguaje administrativo, propio de este blog: ¿por qué tiene que ir todo el texto en mayúsculas?

Sobre la identidad corporativa: ¡no hay Ayuntamiento! Sino un logo (¡Madrid!).

Sobre la longitud del cargo y el organigrama: que me sumo a la cara de susto de los ciudadanos que perciben la Administración como algo hipertrofiado.

Claridad, accesibilidad y transparencia también para los documentos bancarios

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El Banco de España ha establecido unas normas de transparencia para que a partir del 1 de enero de 2013 los clientes de las entidades de crédito sepan con toda claridad a qué se comprometen si contratan estos o aquellos servicios bancarios. La cosa ha sido bastante jaleada por los medios de comunicación, y no es para menos, pues es una buena noticia. Lástima, eso sí, que llegue tarde para los miles de estafados que adquirieron productos bancarios (los llamados “activos tóxicos) sin que nadie les explicase el alcance de lo que estaban firmando.

El tamaño de la letra minúscula equivale a la altura de la «x».

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el 6 de julio la Circular 5/2012 del Banco de España que establece un tamaño mínimo (milímetro y medio) para los textos de los documentos de información “precontractual y contractual” y la obligatoriedad de destacar palabras (negritas o mayúsculas, en la Norma séptima) para una mejor legibilidad. La Circular desarrolla la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. En un caso y en otro los conceptos que se recogen son los de claridad, accesibilidad y transparencia. Se subraya también que la información deberá ser “suficiente y objetiva”, “clara y comprensible” además de “fácilmente legible”. El objetivo es que el cliente “pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario”. La Orden trae modelos normalizados de comunicaciones a los clientes para determinados servicios, lo que está en la línea de las reglas de claridad.

Lo de que “el tamaño de la letra minúscula no podrá tener una altura inferior a 1,5 milímetros” no deja de tener su punto de curiosidad. Primero, porque está redactado en negativo: más claro hubiera sido decir “la letra minúscula tendrá una altura mínima de un milímetro y medio”. Pero es que, en segundo lugar, eso que se ha dicho sobre que desaparece la letra pequeña de los contratos bancarios es dudoso. Es aceptable si entendemos por “altura de la letra minúscula” la altura de la “x”. Es decir que excluimos acentos y rasgos ascendentes y descendentes. Sería el equivalente a un cuerpo 7 (los textos de un periódico en papel vienen en un cuerpo 6 o un cuerpo 7). Ahora, si entendemos por altura la mancha de la letra estaríamos en un cuerpo 4, lo que resulta de difícil lectura. La Orden no especifica esto, por lo que es interpretable.

Unos días antes de la publicación de esta Orden, el BOE recogía la Ley 1/2012, de 26 de marzo, de la Comunidad de Madrid, sobre la transparencia en la contratación hipotecaria. En su artículo 3 establece la obligación de aportar una “información especialmente detallada”, con una redacción “transparente, clara, concreta y sencilla”, para las entidades de crédito y para los préstamos o créditos con garantía hipotecaria. Y añade que “el tamaño de la letra será el apropiado para facilitar su lectura, de modo que permita al consumidor obtener un conocimiento real del contenido de la información previa”. Siento decirlo: más ambigüedad.

Y como frente a la ambigüedad está la concisión, traigo aquí lo que dicen las normas de la Unión Europea para etiquetas comerciales y protección al consumidor.

Sobre legibilidad:

Aspecto físico de la información […] determinado, entre otros factores, por el tamaño de la fuente, el espacio entre letras y líneas, el grosor del trazo, el color de la impresión, el tipo de letra, la relación entre la anchura y la altura de las letras, la superficie del material y el contraste entre el texto y el fondo.

Art. 2. m) Definiciones. En Reglamento UE 1169/2011

Sobre los caracteres, y para que se «garantice una clara legibilidad«, se tendrá en cuenta el tamaño de la letra, «en el que la altura de la x sea igual o superior a 1,2 mm» (Art. 13. 2. Presentación de las menciones obligatorias. En Reglamento UE 1169/2011).

El documento (Reglamento (UE) 1169/2011) fue aprobado por el Parlamento Europeo en octubre del año pasado.

Por cierto, lo del «conocimiento real del contenido» solo es posible mediante un buen uso del español. Nada nuevo. Pero vamos, que se trata de escribir bien. Por lo visto, lo más difícil de todo.

Lo que el Diccionario nos da, Rajoy nos lo quita (moscosos)

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Pues eso, que ya estamos instalados en el acojonamiento. Si aquí recibimos [palos] todos, hoy, a los funcionarios, nos cae la del pulpo. Y encima, con recochineo. El Gobierno quita los moscosos (casi) y el Diccionario los pone, ahora, cuando van a dejar de usarse (un anacronismo), treinta años después de su instauración. Lo dicho: distintas voces, distintas velocidades.

Los empleados públicos se quedan sin moscosos y la RAE incorpora la palabra al Diccionario.

Y ya puestos, me encuentro con que entre las novedades de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), está lo de habitacional. ¿Te acuerdas de aquello de las soluciones habitacionales? Otro eufemismo (de la ministra Antonia Trujillo, en 2005) para definir las viviendas de 25 metros cuadrados (!), que tan buenos momentos (por aquello de los chistes) nos ha proporcionado.

Menos mal que por fin desaparecen tosco e inculto como sinónimos de rural. Una acepción que llevaba en el Diccionario desde 1925 y cuya supresión primero reclamaron los alumnos de un instituto de Tordesillas.

Más rápido ha reaccionado la RAE ante la del pulpo, incorporando riesgo de… crédito, … de interés, … de mercado, … de reinversión, … específico, … operativo, … país, … sistémico, … soberano. Lo mismo que prima de riesgo, que se incorporará en la 23ª edición.

Y ahora, nos queda confiar en que el presidente del Gobierno transaccione con la oposición para salir de esta.

Cuestión de prioridades: de la ley al Diccionario, siete años

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Con la nueva definición de matrimonio recogida en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la docta Casa se ha anticipado a la sentencia –parece que será favorable– del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la normativa que permite bodas gais en España. La Ley 13/2005 que sanciona el matrimonio homosexual fue recurrida por el Partido Popular (PP) hace siete años. Esta es la quinta revisión que hace la RAE a la 22ª edición de su Diccionario (2001), en la que ha incorporado o modificado 1697 voces. Desde entonces se han hecho 22.000 actualizaciones. Un gran esfuerzo y un buen trabajo. La sexta y última revisión coincidirá con la impresión de la 23ª edición del DRAE, que saldrá en otoño de 2014. Un año antes, en 2013, se celebrará el tercer centenario de la Real Academia.

El recurso del PP hace mención al artículo 32 de la Constitución. También a la “etimología latina del vocablo matrimonio”: “Numerosos autores consideran que matrimonio proviene de mater munium, oficio de madre…”. Y también al DRAE, en su definición de matrimonio como “unión de hombre y mujer”. Una cosa y otra se mantienen tras la modificación:

matrimonio.
[Antes]
(Del lat. matrimonĭum).
1. m. Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.
3. m. coloq. Marido y mujer. En este cuarto vive un matrimonio.

[Ahora]
(Del lat. matrimonĭum).
1. m. Unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.
2. m. En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.
4. m. Pareja unida en matrimonio. En este cuarto vive un matrimonio.

En la nueva segunda acepción el matiz está en lo de “en determinadas legislaciones”. La tercera acepción (antes, la segunda) se refiere al matrimonio en el catolicismo.

Las cuentas sobre el sí de la RAE al matrimonio homosexual se han echado a partir de la legalización de las bodas gais.

Los cambios en el Diccionario están consensuados entre las veintidós academias de la lengua española. El matrimonio homosexual está reconocido en otros países hispanohablantes, como México y Argentina. En España la acepción ya estaba reconocida desde 2009 por el Institut d’Estudis Catalans (IEC) y por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Esta revisión ha sido casi monotemática en los titulares: el sí de la RAE al matrimonio homosexual. Lógico, porque trae connotaciones políticas, ideológicas, religiosas, sentimentales, reivindicativas… Y la incorporación de esta acepción ha traído aplausos para la RAE que ayer eran críticas para la institución. Y es que, como bien sabemos, el lenguaje no es neutral.

Yo voy a dejar aquí, para la curiosidad del lector, algunas voces con el antes y ahora; y otras que (¡oh, la, la!) no se han modificado. El sexismo en el lenguaje todavía está ahí. Para quien lo quiera ver.

loro: persona muy fea [no hay discriminación de sexo].
callo: mujer muy fea [hay discriminación de sexo].

ennoviarse: echarse novio [hay discriminación de sexo].

amancebamiento: trato sexual habitual entre hombre y mujer no casados entre sí.
mancebo: hombre soltero [no lleva connotación negativa].
manceba: concubina [lleva connotación negativa].
concubina: [antes] mujer que vive en concubinato [no reconocía concubino].
concubina, no: [ahora] persona que vive en concubinato [reconoce concubino].
concubinato: relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados.
marital: perteneciente o relativo al marido o a la vida conyugal.

No parece que en estos casos, como en otros muchos, sea el BOE el que vaya a determinar su modificación en el Diccionario. Distintas voces, distintas velocidades.

¿Se habrá enterado bien el señor Juncker?

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El texto de la carta del ministro, traducido directamente del inglés, se distribuyó a la Prensa sin consideraciones a posibles faltas de ortografía o de coherencia.

¿Qué quiso decir el ministro español de Economía, Luis de Guindos, el viernes 22 de junio, cuando afirmó que «de vez en cuando, al señor Juncker también hay que explicarle las cosas?». Era el segundo día de tensiones y presiones sobre España en la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo para que nuestro país presentase la petición del rescate. El presidente del club de la moneda única, Jean-Claude Juncker, primer ministro luxemburgués, había sido especialmente duro advirtiendo que el plazo expiraba el lunes 25. Y la petición formal de la ayuda, efectivamente, se produjo el lunes 25.

El ministro español ya lo había advertido, la carta provocará «cierta desilusión«. Se trata, dijo, de «un mero trámite formal«. Bueno, a algunos nos ha producido auténtico horror. Y no por lo que dice, que ya va descontado, sino por cómo lo dice. Veamos algunas perlas:

En el primer párrafo: «… asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras…».

En el segundo párrafo: «… asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras…», auténtico.

Y sigue:

Esta asistencia financiera se enmarca dentro de los términos de la ayuda financiera para la recapitalización de las instituciones financieras.

Y la frasecita:

La elección del instrumento concreto en el que materializará esta ayuda, tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad y aquellas que se puedan decidir en el futuro.

Treinta palabras, con una sorprendente coma por todo signo de puntuación, para no decir nada: parece que dice, pero no dice.

El tercer párrafo, íntegro:

El Gobierno de España valora muy favorablemente la declaración de los Ministros del Eurogrupo del 9 de Junio, en la que se respaldan (sic) la determinación de las autoridades españolas para reestructurar el sistema financiero y su intención de solicitar asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras, por un importe suficiente para cubrir las necesidades de capital mas (sic) un margen de seguridad adicional, hasta un máximo de cien mil millones de euros.

¡Un párrafo de 73 palabras sin un punto y seguido! Muy cerca de echar a llorar, aquí ya no importa si «Ministros» o «Junio» han de ir con minúscula. Ni siquiera, casi, si el adverbio de cantidad más debe llevar tilde.

En el siguiente párrafo se nos deja claro que será el FROB (Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria), y no el Gobierno, el que «canalizará» los fondos a las «entidades financieras«.

Y por fin, en el último párrafo, se nos habla de «criterios de eligibilidad» (sic), de «condicionalidad financiera» (!), de «medidas a implantar» (galicismo) y de «ejercicios de valoración» (querrá decir «exámenes de valoración«, supongo).

Nota bene:

Entidades financieras: bancos y cajas de ahorro.

Instituciones financieras: bancos y cajas de ahorro.

Sistema financiero: bancos y cajas de ahorro.

Asistencia financiera: socorro, favor o ayuda financiera.

Sí. El señor Juncker ha recibido la carta y la ha entendido. Los que no entendemos nada —aunque sí lo sospechamos— somos nosotros.

Creatividad lingüística del poder político para hacer más «digerible» la crisis

2 respuestas

Una buena amiga y compañera, indignada como está –como estamos– con la que está cayendo, me envía una recopilación de eufemismos sobre la crisis con los que se están empleando a fondo nuestros políticos. Aquí la reproduzco tal cual, pues no tiene desperdicio:

El lenguaje político contamina el lenguaje administrativo, donde se dice para no decir nada.

Mejora de competitividad: congelación de salarios.
Gravamen de activos ocultos: amnistía fiscal.
Recorte temporal de solidaridad: subida de impuestos.
Ticket moderador: copago sanitario.
Flexibilización del mercado laboral: abaratamiento del despido.
Medidas de consolidación fiscal: recortes.
Devaluación competitiva de los salarios: bajada de sueldos.
Activos ocultos: dinero negro.
Crecimiento económico negativo: recesión económica.
Excedentes empresariales: beneficios empresariales.
Coste laboral unitario: beneficio del trabajador.
Expediente de regulación de empleo (ERE): despido colectivo.
Concurso de acreedores: suspensión de pagos.
Activos adjudicados: inmuebles embargados.
Modificación tarifaria: subida de precios.
Línea de crédito o auxilio financiero: rescate económico.
Extremadamente improbable: imposible.
Emprendedores: patronal o empresarios.

El mes pasado, un articulista (Josep Ramoneda: “Irrelevancia”, en El País) señalaba algunos otros eufemismos, subrayando que “durante las últimas semanas el Gobierno ha dado a todos sus portavoces la consigna de dramatizar la situación económica para atemorizar a la ciudadanía”:

Reformas: recortes.
Ponderación fiscal: subidas de impuestos.
Reorganización funcional de los servicios públicos: privatizaciones.
Reforma laboral para crear empleo: abaratamiento del despido.

Yo, más que dramatización veo edulcoración. Desde los famosos «brotes verdes» y otras curiosidades no ha llovido, en verdad, tanto.

Parece que han pasado cuatro días (en realidad, cuatro años) desde que, arreciando ya el vendaval de la crisis, Rodríguez Zapatero, anterior jefe de Gobierno, hablaba de “desaceleración” y de “contracción” para referirse a la crisis económica. Un artículo en ABC (“Las palabras malditas del Gobierno”) recogía esos eufemismos y otros como:

Ajuste económico; contracción económica; paréntesis o dificultades.

Unos pocos días después, El País publicaba un extenso reportaje bajo el título “En español se dice crisis”. En el primer párrafo ya se indicaba que “detrás de cada eufemismo hay un tabú indeseable”. El eufemismo como instrumento del poder. Así nos lo presentó George Orwell en su famosa novela 1984, donde el Ministerio del Amor era el encargado de mantener el orden y el Ministerio de la Paz, el de la guerra.

El periodista José F. Beaumont escribía en 1993, bajo el título “Disfraz administrativo”, un artículo (El País, 3 de marzo) en el que denunciaba el trasvase del lenguaje político al lenguaje administrativo, donde se dice para no decir nada. Y ahí estamos. Páginas y páginas de boletines oficiales de tantas y tantas administraciones que recogen un lenguaje enmascarador de la realidad. En su artículo cita a un taxista de Madrid que opina que “a los políticos se les entiende mejor cuando están en la oposición”. Pues eso: todos a la oposición y empezaremos a entendernos.