LENGUAJE ADMINISTRATIVO

La jerga administrativa es casi siempre incomprensible para los ciudadanos. Si se utiliza una lengua administrativa hermética, ciudadanos y gobernantes no están en igualdad. La ciudadanía necesita entender a su gobierno para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, sin complicaciones y sin ayuda de intermediarios.

En España es en la década de los ochenta cuando cristaliza el interés por la calidad de los textos que produce la Administración. En el año 1990 se publica el Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo, que elaboran lingüistas y administrativistas desde el Ministerio para las Administraciones Públicas. Un trabajo que, veinte años después, todavía resulta imprescindible para ayudarnos en nuestro empeño de hacer más comprensible el lenguaje administrativo. El modelo que ofrece está bajo las directrices de precisión, eficacia comunicativa y sencillez.

Aparte de España, en el mundo hispanohablante es probablemente México el país que más ha avanzado en este terreno. Su Manual de Lenguaje Claro (2007) nos explica de manera sencilla cómo redactar de forma eficaz para comunicar mejor. Y también nos da una panorámica de las iniciativas que en otros países, con preferencia de habla inglesa, se han tomado sobre el también llamado lenguaje ciudadano. México empezó con su Programa de Lenguaje Ciudadano (2004), lanzado por el Gobierno de Vicente Fox. Siguieron Chile y Argentina con programas similares.

Uno de los pioneros en lo que bien podemos calificar de movimiento por el lenguaje claro en el mundo, es Suecia. Tiene por objetivo, señala un experto sueco, “modernizar y simplificar el lenguaje que se utiliza en la legislación para que ésta sea más fácil de leer a través de índices, de encabezados informativos, de una estructura lógica y de artículos breves”. Empezó desde el Ministerio de Justicia en 1976.

En el mundo anglosajón esta corriente lleva el nombre de Plain Language Movement y Plain English. El Reino Unido, con Margaret Thatcher (a principios de los ochenta), y Estados Unidos (1998), con Clinton, fueron las administraciones que lo lanzaron. En 2010, con el presidente Obama, se promulgó una ley que promovía la simplificación del lenguaje administrativo. Canadá y Australia también impulsan desde sus administraciones el lenguaje claro.

Otros países como Francia (Comité d´Orientation pour la Simplification du Langage Administratif), Italia, Alemania, Dinamarca o Nueva Zelanda, se han puesto también manos a la obra.

Existen varias asociaciones que promueven la investigación, difusión y uso del lenguaje claro. Entre estas se encuentra Clarity, que defiende la claridad en el lenguaje jurídico, con miembros en casi 40 países. Y el Centro para el Lenguaje Claro (Center for Plain Languaje), con sede en Washington (EE. UU.).

La Comisión Europea (CE) ha editado también un manual: Cómo escribir con claridad.