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«Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender». Así empieza el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico que, impulsada por el Gobierno español y bajo la supervisión de la Real Academia Española (RAE), presentó sus recomendaciones en el mes de septiembre de 2011. Esta comisión de expertos insistía en su objetivo de hacer más claro y comprensible para los ciudadanos el lenguaje jurídico. Un mal uso del lenguaje por parte de los profesionales del Derecho «genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales».

El principio de todo está en nuestra Constitución (artículo 1.1.), y el problema objetivo es que para los ciudadanos (un 82%) «el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender». El Estado de Derecho exige asegurar que se comprendan los actos y las normas jurídicas.  El problema es que algunos profesionales del Derecho, todavía muchos, confunden la necesaria especialidad del lenguaje jurídico con «un lenguaje opaco, arcaico y encorsetado en formulismos que dificultan la comprensión».

Lenguaje jurídico y lenguaje administrativo comparten una misma enfermedad: no se escribe para que se entienda, con lo que se vulneran derechos fundamentales. Y puestos a ello, las normas sintácticas y gramaticales se saltan con frecuencia a la torera, sin mayor empacho.

La Comisión, que trabajó durante año y medio (empezó en febrero de 2010), dio a luz siete documentos (al pie, los PDF), un material de primera para poner manos a la obra, tanto los profesionales como las instituciones, incluso los medios de comunicación. Resulta imprescindible la lectura del Informe, con sus recomendaciones para profesionales, para las instituciones y para los medios de comunicación. El específico de lenguaje escrito (elaborado por el grupo EDAP de investigación de la Universidad de Barcelona), se me ha hecho especialmente sabroso, con sus múltiples ejemplos que, puestos así, en cadena, conforman una verdadera antología del disparate.

La modernización del lenguaje jurídico, que también tiene que ver con la incorporación de la Justicia a las nuevas tecnologías, llega con un considerable retraso respecto a lo que ya se estaba haciendo con el lenguaje administrativo desde finales de los ochenta. Así, en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (firmado el 31 de mayo de 2001), se pide una Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que «atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada». La Carta de derechos llegará un año después (2002), aprobada por todos los grupos parlamentarios en el Pleno del Congreso de los Diputados. Al año siguiente, la Ley 15/2003 anuncia el Plan de transparencia judicial (art. 14). Pasarán otros dos años antes de que se apruebe: Resolución de 28 de octubre de 2005; en su punto 7 se desarrolla la modernización del lenguaje jurídico:

Convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información y, especialmente, prestar atención a la comprensibilidad de las citaciones que las Oficinas judiciales dirijan a los ciudadanos.

Cuatro años y medio más tarde arrancaba la Comisión de expertos. Con la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, se completa este proceso.

Como colofón, recomiendo la lectura de estos dos post en el Blog de Derecho Público de Sevach:

Del lenguaje de los jueces que hablan de la Administración y Del lenguaje judicial manifiestamente mejorable.

También, el de GutiELEz:

Contra la afectación del lenguaje jurídico

UN INFORME Y SEIS ESTUDIOS DE CAMPO

• Recomendaciones de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico (PDF. 3,00 MB)
• Políticas públicas comparadas (PDF. 485 KB)
• Lenguaje de las normas (PDF. 397 KB)
• Lenguaje escrito (PDF. 1,00 MB)
• Lenguaje jurídico en los medios (PDF. 191 KB)
• Lenguaje oral (PDF. 1,00 MB)
• Plantillas procesales (PDF. 233 KB)

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

• Pacto de Estado para la reforma de la Justicia
• Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia
• Convenio para promover la claridad del lenguaje jurídico (21 de diciembre de 2011)
• Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal (BOE del 27 de mayo)
• Resolución de 28 de octubre de 2005, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de transparencia judicial (BOE del 1 de noviembre)
• Resolución de 21 de enero de 2010, que recoge el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009, para constituir la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (BOE del 1 de febrero)
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE del 23 de junio), derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2 de octubre)
• Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (BOE del 6 de julio)

Artículo

• Montolío, Estrella (2012): «La modernización del discurso jurídico español impulsada por el Ministerio de Justicia. Presentación y principales aportaciones del Informe sobre el lenguaje escrito«, en Revista de Llengua i Dret, 57, pp. 95-121