El ciudadano debe entender lo que le dice la Administración. Del mismo modo, el ciudadano debe poder expresarse ante la Administración sin necesidad de manejar un lenguaje especializado, de uso restringido.

¿Cómo distinguir un lenguaje administrativo antiguo? Si observamos que abusa de un léxico especializado (dejación, dación…), o incluye formulismos vacíos y muletillas (para su conocimiento y demás efectos…, en los términos previstos…), o acumula formas y construcciones arcaicas (si así no lo hicieren, vengo en disponer…), o emplea circunloquios (resultar beneficiario, por beneficiarse…) o locuciones prepositivas a troche y moche (a tenor de, por según; a solicitud de, en vez de por). Todo esto, junto o separado. Pero también es un lenguaje antiguo cuando las frases se alargan y se alargan y no se respeta el principio de sujeto, verbo y predicado de toda la vida. Es decir, la frase corta, directa. O sea, que es antiguo escribir mal, sin respeto a la gramática, pero también sin respeto a la ortografía.

¿Y qué es lo moderno en el lenguaje administrativo? Ya está claro: escribir para que te entiendan. Es decir, suprimir expresiones arcaizantes, formulismos innecesarios, suavizar el tono imperativo, simplificar los tratamientos… y luego, por supuesto, las técnicas de toda la vida para escribir bien: párrafos cortos; palabras sencillas —aunque sin renunciar al lenguaje culto—; aplicar correctamente las concordancias; preferir la primera persona en los tiempos del verbo; evitar neologismos y extranjerismos…

Lo moderno, y lo adecuado, es, igualmente, evitar elementos de discriminación en el lenguaje. El ciudadano lo es sin distinción de raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tal y como dice nuestra Constitución. Evitaremos el sexismo en el lenguaje y cuidaremos el trato hacia las personas con discapacidad.

Otra exigencia para la modernización administrativa es la eliminación, en lo posible, de la exasperante burocracia. A esto contribuirá la Administración electrónica. Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a partir de 2010 las administraciones están obligadas a permitir las comunicaciones por medios electrónicos. Es decir, un derecho de los ciudadanos y una obligación para las Administraciones. Porque modernización es también eficiencia y reducción de costes. Para estos tiempos de agobiante crisis es bueno saber que se estima en 50 000 millones de euros el ahorro anual en toda la UE por la implantación generalizada de la Administración electrónica.