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Son veinte boletines oficiales con más de un millón de páginas impresas en 2012. Ilustración: Bayuela.
En España hay diecinueve boletines oficiales (17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla), que suman veinte con el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como lo que regulan esos diarios oficiales son las materias legislativas transferidas, nos salen como mínimo, y por ejemplo, 17 leyes de caza y pesca. Aunque lo mismo podría decir de la sanidad, o del turismo, o de la educación (artículo 148 de la Constitución Española). Un auténtico galimatías con sus correspondientes desarrollos normativos.
Traigo esto a cuento porque he leído en estos días que en España hay en vigor unas cien mil leyes (67 000 de carácter autonómico). Y es que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reclamado al Gobierno que restaure la unidad de mercado. La proliferación de normas jurídicas solo encarece los procesos de fabricación, lo que añade más problemas a los empresarios. Se supone que la inseguridad jurídica es propia de países en desarrollo. Nosotros somos un país civilizado donde la seguridad jurídica tiene ¿diecisiete?, ¿diecinueve? versiones. Estima la CEOE que para 2012 se habrán imprimido en la veintena de diarios oficiales alrededor de ¡un millón doscientas mil páginas! Y yo digo: ¿quién escribe todo eso?
El académico Gregorio Salvador, en su artículo “Observaciones sobre el lenguaje de la Administración pública” (EPOS: 1990), denuncia que “la repetición como norma, el plagio como método” constituyen el fundamento del discurso administrativo. Normal. Si tomo como ejemplo la Ley orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, me voy a encontrar con una Ley de Igualdad del País Vasco, de Andalucía, del Principado de Asturias, etcétera. Entonces se impone el copia-pega, con matices: el lenguaje administrativo no admite la creatividad, pero como hay tantas leyes que vienen a decir lo mismo, algo de creatividad se cuela. Y luego, que se copia mal.
Gregorio Salvador lo explica así:
Y lo peor es cuando se varía algo, porque entonces surgen las contradicciones dentro del mismo texto, que ordena, a lo mejor, en su artículo once lo contrario de lo establecido por el artículo siete. Y, en lo que a nosotros nos afecta, lo malo es cuando se quiere enmascarar el plagio con variaciones de redacción que, intercaladas aquí y allá, suelen hacer el texto absolutamente ininteligible.
A veces aparecen cosas publicadas con errores o inapropiadas en el tiempo, que se reproducen de unos boletines a otros. Muy comentado fue el caso de las oposiciones para bombero que excluían a los candidatos que tuvieran un “amaneramiento marcado”. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL). Alguien lo denunció y resultó que así se venía publicando desde hacía por lo menos ¡diecisiete años! y en multitud de boletines de comunidades autónomas y ayuntamientos. Vicios de la Administración.
Qué extraño que algo como tener un “amaneramiento marcado” excluyera para las oposiciones de bombero durante 17 años o más y nada se diera cuenta antes, siendo publicado en el boletín de múltiples comunidades autónomas.
Sí que es algo muy extraño y más cuando absolutamente nadie se había percatado de tal error cuando, efectivamente, se trata de un boletín oficial publicado en multitud de comunidades autónomas y ayuntamientos. Durante más de 17 años presente en un boletín… es increíble la verdad. De ahí lo del copia-pega, tan popular y mal empleado. ¡Saludos!
Sin duda la duplicidad y/o multiplicidad de textos legales es un problema tanto para las instituciones como para los actores jurídicos, aunque es preciso señalar que muchas materias son competencia exclusiva del Estado. Tal vez sería necesario un esfuerzo para simplificar este problema que actualmente genera escollos burocráticos y judiciales.
La multiplicación en leyes de toda índole a distintos niveles administrativos y el cruce, e incluso oposición entre ellas, provoca desinformación y lo que es peor, alargamiento de cualquier proceso administrativo o judicial. Es un mal de nuestro país que parece no tiene buen remedio, ya que la solución depende esencialmente de un cambio general en la política de España…y eso es en esencia muy dificil que ocurra.
Enhorabuena Javier por tu original blog.
Enhorabuena por tu blog, Javier, creo que es muy necesario (aunque más todavía que lo leyéramos todos los que trabajamos, directa o indirectamente, en la Administración Pública).
Coincido plenamente contigo en el grave error de nuestra democracia que acertadamente defines como «hemorragia legislativa». Los funcionarios, sometidos como estamos al imperio de la ley, vivimos cada final de año con preocupación, y cada 28 de diciembre nos tomamos con humor la lectura de los boletines oficiales, pues ésa es la fecha en que, a modo de guasa, parecen elegir siempre nuestros legisladores para dar a conocer muchas de las nuevas normas que tendremos que estudiar en «vacaciones», como si de escolares y sus deberes se tratase, para aplicarlas de inmediato a principios del año siguiente, a más tardar.
Bucearé tanto como pueda por tu blog, ya que tengo una especial preocupación por la mejora de la redacción en los documentos administrativos, en su corrección ortográfica y gramatical, que buena falta nos hace a todos.
¡Gracias y adelante!